Identifican a las 69 víctimas del accidente de Urda

Las autoridades españolas concluyeron el reconocimiento de todas las personas fallecidas en el choque ferroviario ocurrido en Toledo. El saldo es de 54 españoles y 15 extranjeros; mientras tanto, avanzan las investigaciones y el Gobierno prepara indemnizaciones para los afectados.

Las autoridades españolas concluyeron el proceso de identificación de las 69 personas que murieron en el accidente ferroviario registrado el pasado 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo. El balance oficial establece que 54 víctimas eran de nacionalidad española y las otras 15 procedían de distintos países.

El Centro Integrado de Datos (CID) confirmó que el reconocimiento de los fallecidos terminó después de que los familiares de las tres últimas víctimas extranjeras llegaran a España para completar los procedimientos correspondientes. Se trataba de dos ciudadanos australianos y una persona de nacionalidad japonesa.

Con este resultado, las autoridades dieron por concluida una de las etapas más complejas de la emergencia, que movilizó a decenas de especialistas forenses, agentes de la Guardia Civil y personal de apoyo psicológico.

De acuerdo con el balance difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, entre las personas fallecidas se encuentran 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad.

Huellas dactilares y pruebas de ADN permitieron identificar a las víctimas

El trabajo de identificación estuvo a cargo de especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

De las 69 personas fallecidas, 56 fueron reconocidas mediante el análisis de sus huellas dactilares. Las otras 13 identificaciones se concretaron a través de pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, en coordinación con los equipos de criminalística.

Las autoridades informaron que las identidades fueron comunicadas personalmente a los familiares y a las respectivas oficinas consulares cuando se trataba de ciudadanos extranjeros.

Hasta el último reporte, 55 de los cuerpos ya estaban a disposición de sus familias para continuar con los procedimientos funerarios.

El operativo contó con la participación de más de 60 profesionales, entre médicos forenses, técnicos especializados, expertos en genética y agentes de investigación. También colaboraron cuatro psicólogas encargadas de brindar acompañamiento a los familiares durante el proceso.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) proporcionó apoyo logístico para facilitar las labores de reconocimiento y atención médico-forense.

Retiran los últimos vagones de los trenes accidentados

Mientras concluyó la identificación de las víctimas, los equipos de emergencia avanzaron en la recuperación de la zona donde ocurrió la colisión.

Los trabajos permitieron retirar los dos últimos vagones del tren de Iryo, identificados como los coches siete y ocho, que presentaban daños menos severos que otras unidades involucradas en el accidente.

Los restos de los convoyes fueron trasladados a un espacio seguro y permanecerán bajo disposición judicial para facilitar las investigaciones sobre las causas del siniestro.

Sin embargo, la Guardia Civil mantiene las inspecciones en el lugar para descartar la presencia de restos biológicos que pudieran no haber sido localizados durante las primeras operaciones.

Alrededor de 50 efectivos participan en estas tareas, incluidos especialistas de Policía Judicial, equipos caninos y unidades que utilizan drones para revisar el terreno.

El perímetro continúa bajo vigilancia por orden judicial y las reparaciones de la infraestructura ferroviaria no podrán comenzar hasta que terminen las diligencias.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

El balance médico también presenta una evolución favorable para parte de las personas que resultaron lesionadas durante el accidente.

Hasta el último informe, 81 afectados habían recibido el alta hospitalaria. Otros 29 permanecían ingresados en centros sanitarios de Castilla-La Mancha: nueve en unidades de cuidados intensivos y 20 en habitaciones de hospitalización general.

Además, diez pacientes fueron trasladados a hospitales de Madrid y Andalucía para continuar con su atención médica.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los heridos y de las necesidades de las familias que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

Guardia Civil investiga las decisiones del centro de control ferroviario

La investigación judicial se concentra ahora en reconstruir las circunstancias que precedieron a la colisión y, particularmente, en determinar qué ocurrió en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif, ubicado en Madrid-Puerta de Atocha.

La Guardia Civil ha tomado declaración a aproximadamente 20 trabajadores ferroviarios que se encontraban en las instalaciones cuando ocurrió el accidente.

Entre ellos figuran operadores, supervisores, personal de apoyo y trabajadores que estaban en formación.

Uno de los interrogados fue el operador que, según las grabaciones de audio conocidas después del siniestro, autorizó al tren AVE de Renfe a continuar su recorrido con normalidad, pese a que el convoy de Iryo permanecía detenido en la vía.

El trabajador compareció en calidad de investigado y, acompañado de un abogado, decidió acogerse a su derecho a no declarar ante los agentes.

Los investigadores buscan establecer quién autorizó la reanudación del tráfico ferroviario, qué información tenían los responsables sobre la presencia del tren detenido y si se cumplieron los protocolos de seguridad.

También se analiza un fallo informático que habría provocado la detención de hasta seis trenes en un tramo de poco más de 60 kilómetros.

La jueza encargada del caso solicitó documentación sobre los procedimientos aplicados antes, durante y después del accidente. La investigación permanece bajo secreto judicial.

Gobierno prepara indemnizaciones para las víctimas de Urda

En paralelo a las diligencias judiciales, el Gobierno español prepara un paquete de medidas económicas y asistenciales para las personas afectadas por el accidente.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto ley que contempla cuatro líneas principales de apoyo.

Entre ellas se encuentran ayudas económicas que duplicarán las cantidades previstas en el seguro obligatorio de viajeros, mecanismos para adelantar el pago de indemnizaciones y una protección específica para quienes necesiten una baja laboral por incapacidad temporal.

También se contempla la apertura de oficinas de atención integral en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para ofrecer orientación y acompañamiento personalizado a las familias.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar los detalles del accidente y las actuaciones realizadas por su departamento.

Su intervención se produce en medio de las exigencias de la oposición, que ha cuestionado su gestión y reclamado su salida del cargo.

Mientras España avanza en el esclarecimiento de una de sus recientes tragedias ferroviarias, la prioridad de las autoridades es completar las diligencias, atender a los sobrevivientes y garantizar que las familias de las 69 víctimas reciban el respaldo correspondiente.