Perú archiva investigación por esterilizaciones forzadas

La Fiscalía de Perú determinó archivar la investigación contra 52 presuntos responsables de las esterilizaciones forzadas cometidas entre 1990 y 2000, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, una decisión que ha generado el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de las víctimas.

La resolución se sustenta en la Ley 32107, promovida por el fujimorismo, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.

El expediente reúne las denuncias de 4 mil 172 personas que fueron sometidas a procedimientos.

De ligadura de trompas y vasectomías sin contar con su consentimiento libre e informado.

Como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado durante aquella administración.

De acuerdo con los testimonios de las sobrevivientes, muchas mujeres fueron engañadas, trasladadas.

Contra su voluntad a centros hospitalarios y sometidas a intervenciones quirúrgicas sin recibir posteriormente la atención médica adecuada.

Hechos que durante más de dos décadas han sido objeto de denuncias y exigencias de justicia.

Entre las personas investigadas figuraba el expresidente Alberto Fujimori, fallecido en septiembre de 2024, así como el exministro de Salud y actual senador Alejandro Aguinaga.

Ante la determinación de la Fiscalía, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH).

Y las representantes de las sobrevivientes anunciaron que impugnarán el archivo de la investigación.

Además de recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para continuar la exigencia de justicia.

Este pronunciamiento ocurre después de que, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en julio de 1997.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate internacional la responsabilidad del Estado peruano frente.

A las víctimas de las esterilizaciones forzadas, así como la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos.